En la anterior columna comenté sobre la poca cultura y el bajo control en lo que concierte con el ruido en nuestra ciudad. En torno al bajo control, uno de los principales problemas que enfrentamos es la alta fragmentación de las competencias en la materia.

Con la promulgación del nuevo Código de Policía, una de las conductas que conlleva a una multa es la de ruidos generados en la vivienda o el barrio que afecten la convivencia, causando molestia por su impacto auditivo. La multa es de $393.440 y la debe imponer la Policía.

Pese a que la responsabilidad de sanción es clara en este caso, existen otras fuentes de ruido cuya competencia de control no reside en la Policía. Así, sí los generadores son discotecas, bares y licoreras, se vulneran derechos colectivos y el control y sanción corresponde a la Secretaría de Gobierno del Municipio; sí la fuente es móvil, como vehículos automotores, sirenas, alarmas, la responsable es la Secretaría de Movilidad del Municipio; sí los generadores son empresas, talleres, iglesias, aeropuertos y edificaciones, el encargado de sanción es el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

Para un ciudadano resulta complejo exigir el control del ruido por la multiplicidad de instituciones encargadas. Es hora de que las autoridades empiecen a plantear seriamente una simplificación de los procesos que lleven a un verdadero control del ruido en la región.

Publicado el 24 de mayo en el Periódico ADN Medellín

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