Entre el 7 y 8 de noviembre se llevó a cabo en Belo Horizonte, Brasil, el primer Seminario Internacional sobre indicadores Urbanos para la Planeación Municipal: tendencias y desafíos. A este evento fue invitado el programa Medellín Cómo Vamos, en representación de la Red Colombiana Cómo Vamos.

El evento se dividió en cuatro segmentos, a saber: tendencias internacionales contemporáneas en la producción de indicadores urbanos; experiencias locales en Belo Horizonte, indicadores de vulnerabilidad y sostenibilidad medio ambiental y participación ciudadana en la construcción e indicadores, incluyendo la experiencia de los presupuestos participativos.

En la introducción del evento se señaló la pertinencia de realizar ese primer seminario en la ciudad de Belo Horizonte pues, de un lado, viene trabajando sobre políticas de inclusión social desde hace 20 años, además los gobiernos locales han trabajado de la mano con la academia local para generar indicadores urbanos e índices como el IQVU que han orientado inversión social con enfoque territorial. Actualmente Belo Horizonte tiene un plan estratégico a 2030 que incluye 25 indicadores en 12 sectores. Estos indicadores no sólo se incluyen para la ciudad en su conjunto sino también para 40 micro territorios.

Frente a algunas tendencias internacionales en la construcción de indicadores, Ali Shabow, consultor internacional para UN Hábitat en Jordania, destacó que un buen método para elegir indicadores en el seguimiento del buen gobierno, la competitividad y el grado de innovación es el denominado SMART, por sus siglas en inglés, donde el indicador se caracteriza por ser: específico, medible, lograble, relevante y oportuno. Por su parte, Adib Nehmeh, de la Comisión Económica y Social de las Naciones Unidas para el Asia Occidental, se concentró en una propuesta de indicador para la pobreza urbana (UPI). Instó a evitar lo máximo posible los indicadores basados sólo en los ingresos de los hogares; esto es, las típicas líneas de pobreza e indigencia, pues siendo un fenómeno multidimensional  debe medirse también con ese enfoque.

La propuesta de una medición para la pobreza urbana está basada en un enfoque de derechos  y contiene cinco dimensiones: vivienda y  servicios públicos como Necesidades, empleo y nutrición como Recursos y  educación y salud como Capacidades. En cada dimensión hay subdimensiones en las que finalmente se definen indicadores. Algunas subdimensiones son: hacinamiento y localización de la vivienda;  trabajo infantil y acceso al empleo; acceso a seguro médico y salud infantil;  cobertura en educación básica y nivel educativo del jefe de hogar. En total se incluyen en este índice 19 indicadores que permiten identificar dos grados de pobreza: moderada y severa. El investigador sugiere complementar el UPI, que tiene como unidad de medida el hogar, con otras medidas de bienestar por áreas territoriales, que permitan diseñar mejores estrategias a nivel municipal de combate contra la pobreza.

En términos de participación y democracia se instó a pasar del concepto de democracia representativa a la democracia participativa, pero la democracia no entendida como un sistema político sino como proceso. Y en cuanto a los indicadores que dan cuenta de la participación se planteó como un reto la profundización sobre las variables e indicadores para medir la participación y democratización de los procesos urbanos.

Frente a los objetivos de desarrollo del milenio se mostraron cifras para Brasil que evidencian el cumplimiento de las metas en ese país, sin embargo se hicieron recomendaciones frente a que se deben ampliar la participación de la población en las discusiones sobre dichos objetivos. También se sugirió buscar alternativas para que las demandas de la comunidad puedan ser incluidas en el cuadro de indicadores y metas y, así mismo, concientizar a la sociedad sobre la importancia de acompañar el cumplimiento de las metas, por ejemplo en temas críticos como el dengue, en el caso de Brasil.

En el caso de indicadores en el municipio de Belo Horizonte, desde la academia se ha desarrollado un instrumento de planeación urbana denominado el IQVU, que luego se traslada a la Alcaldía. Hasta el momento se han realizado tres ejercicios de medición en 1994, 1996 y 2000. El origen de dicho índice fue la búsqueda de un mecanismo de asignación de recursos para el presupuesto participativo. El IQVU es una medida de la posibilidad espacial de accesos a servicios, equipamientos  y otros recursos urbanos. Todos los indicadores incluidos son georeferenciados. Este indicador incluye nueve dimensiones, a saber: abastecimiento alimenticio, cultura, educación, vivienda, infraestructura urbana, medio ambiente, salud, servicios urbanos y seguridad pública.

Todos los indicadores incluidos en estas dimensiones provienen de un enfoque de oferta. La perspectiva futura es hacer una revisión crítica a la luz de la noción de calidad de vida, incorporando entre otros elementos la noción de satisfacción de las personas y adentrándose en indicadores que den cuenta de los espacios metropolitanos.

En cuanto a los indicadores de vulnerabilidad y sostenibilidad socio ambientales se precisó que los indicadores y los enfoques son distintos dependiendo si se habla de marginalidad social, pobreza, exclusión o vulnerabilidad social. En el caso de ésta última, existen 18 conceptos distintos de vulnerabilidad y por tanto no hay consenso sobre la mejor forma de medirla. En cada caso, la premisa es que todas las personas son vulnerables dependiendo del riesgo del cual se esté hablando. Una de las nociones más fuertemente difundidas es la de los activos, algunos tangibles como el capital humano, el físico y el financiero y otros  menos tangibles como el capital social, las relaciones familiares, la dimensión relacional y la psicosocial. 

Las respuestas de las políticas sociales locales  a la vulnerabilidad dependerán de la noción que se adopte y, en ese sentido, si el enfoque es multidimensional las respuestas deben ser intersectoriales y de integración, si el enfoque es de heterogeneidad las respuestas deben ser de flexibilidad en la oferta, redes de servicios y focalización en el territorio, por su parte, si se resaltan las dimensiones subjetivas las respuestas se enfocan en la autonomía, las capacidades y el empoderamiento.

En el caso de la sostenibilidad urbana se destacó que el último informe de Desarrollo Humano del PNUD (2011) se enfoca en indicadores sobre este tema y sobre la desigualdad.  Los ponentes subrayaron que muchas de las políticas públicas pueden inducir la desigualdad. El ejemplo típico es la desigualdad en la tenencia de la tierra que alienta la pobreza rural y desplaza a un gran número de la población hacia las ciudades, aumentando las cifras de pobreza urbana y cerrando así un círculo vicioso.

Se propuso hacer medición constante de la reducción de la desigualdad en todas las políticas públicas, en programas y proyectos, lo cual representa un reto en la medida en que se requiere aislar los efectos de cada acción realizada eligiendo para ello los indicadores adecuados. En síntesis, se abogó por la consecución de un sistema de indicadores para medir la reducción de la desigualdad.

Finalmente, en el último panel se expusieron como experiencias desde la sociedad civil en el seguimiento a  indicadores de calidad de vida, los Cómo Vamos en Colombia  y Rio Cómo Vamos, inspirada en la metodología de los primeros y también una investigación sobre los indicadores utilizados para hacer seguimiento a los resultados de los presupuestos participativos a cargo del experto Ives Cabannes. Este resaltó 19 temas en cinco dimensiones: laparticipativa, la financiera, la territorial, la normativa y jurídico legal y la política, sobre las cuales se pueden derivar indicadores para evaluar los presupuestos participativos, que ya operan en más de mil ciudades en el mundo. Algunos de los temas más relevantes fueron: ¿dónde se toman las decisiones presupuestarias? ¿Cuáles son los objetivos subyacentes al presupuesto participativo? ¿Participación directa o representación ciudadana?, rol de los profesionales, participación de los excluidos, mecanismos municipales de evaluación y monitoreo, capacitación y refuerzo de capacidades de los gobiernos locales, relación de los planes de desarrollo o de ordenamiento territorial y los presupuestos participativos, entre otros.

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