La presentación en Medellín del informe sobre productividad del Consejo Privado de Competitividad -CPC- dejó claro que Colombia tiene grandes retos en materia de productividad que han llevado al país a depender de forma significativa de las materias primas en los últimos años. En el mismo evento, llevado a cabo el pasado tres de agosto en la Universidad EAFIT, se presentó la Política Nacional de Desarrollo Productivo, coordinada por el Departamento Nacional de Planeación y que tiene el propósito de corregir fallas de mercado o de gobierno a partir de evidencia, de tal forma que se fortalezcan los sectores económicos de mayor productividad en las regiones donde tengan las mayores ventajas relativas.

Rosario Córdoba, presidenta del Consejo Privado de Competitividad, señaló que, aunque el país tuvo avances importantes en términos económicos en la década de 2000, debido principalmente al aumento en los precios de las materias primas, la productividad de la economía nacional, evaluada como la productividad total de los factores, no avanzó entre 2000 y 2015. Como estrategias de competitividad para mejorar las condiciones productivas de los sectores económicos, sugirió el cierre de brechas de capital humano, el fomento de la investigación, desarrollo e innovación, la adopción de mejores prácticas gerenciales y tecnológicas y la sofisticación e internacionalización de los sectores productivos nacionales. De acuerdo con la experta, una política pública en este sentido debe considerar tres hechos fundamentales: el que la heterogeneidad de la economía nacional genere efectos disímiles de las políticas públicas en distintas regiones del país, el que las empresas más productivas aprovechan mejor los impactos positivos de las políticas públicas que las menos productivas, y la importancia de una postura proactiva de parte de las empresas en la mejora de su productividad.

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En concordancia con estos tres hechos, el subdirector de política industrial y comercial del Departamento Nacional de Planeación, Juan Sebastián Robledo, presentó los principales elementos de la Política de Desarrollo Productivo a nivel nacional (Conpes 3866). Esta política no pretende solucionar problemas internos de productividad en los sectores económicos, sino solucionar fallas de mercado (es decir, problemas en el acceso a mercados o en la provisión de bienes públicos) o de gobierno (es decir, problemas regulatorios). Adicionalmente, la política busca priorizar de manera diferenciada, por departamentos, los sectores económicos con mayores ventajas comparativas y mayores niveles de productividad, escogiéndolos con parámetros técnicos. En tercer lugar, la política busca mejorar la coordinación y la eficiencia en la implementación de programas orientados al desarrollo productivo. Tanto el documento CONPES 3866 que consigna los elementos de la política, como el Plan de Acción y Seguimiento para las intervenciones están disponibles en línea.

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Documento CONPES 3866 – Política Nacional de Desarrollo Productivo

Plan de Acción y Seguimiento de la Política Nacional de Desarrollo Productivo (Formato .xlsx)

Después de la presentación del informe sobre productividad del CPC y la Política Nacional de Desarrollo Productivo del DNP tuvo lugar un conversatorio entre los ponentes, el experto en economía Jesús Botero, y la ex presidenta de la empresa de logística y transportes TCC Josefina Agudelo. En el panel se resaltó la necesidad de realizar esfuerzos, tanto desde el sector privado como desde el gobierno y la academia, para mejorar las condiciones de productividad del país.

Josefina Agudelo afirmó que las condiciones actuales de la economía en Colombia ponen en serias dificultades a los directivos de las empresas, quienes deben tomar decisiones en condiciones de escasez, y en muchas ocasiones abandonan proyectos de inversión que tienen altos componentes tecnológicos y mejoran la productividad en el largo plazo para subsanar las condiciones económicas difíciles a las que se enfrentan en la coyuntura. La empresaria consideró, además, que los cambios frecuentes en la normativa aplicable a las empresas, no sólo en temas tributarios sino también en temas laborales y ambientales, entre otros, generan altos costos de transacción que reducen las capacidades competitivas de las empresas, redundando en una menor productividad.

Para Juan Sebastián Robledo, la política de desarrollo productivo es muy importante para la solución de las fallas de mercado que incentivan a las empresas a retirar sus esfuerzos de inversión en nuevos proyectos productivos. En cuanto a los cambios normativos, el funcionario se refirió a dos medidas que actualmente están en trámite en el gobierno nacional: un protocolo para que los decretos con sanción presidencial deban tener una evaluación sobre sus costos y sus beneficios económicos, de tal forma que sólo se aprueben los que resulten beneficiosos para la economía del país, y una estrategia que permita consolidar las normas y agilizar los trámites realizados por las empresas, de manera que se reduzcan los costos de transacción.

Retomando los elementos presentados por Josefina Agudelo, Rosario Córdoba consideró que el hecho de que muchas empresas del país hayan reducido sus costos en montos muy altos, y aun así hayan permanecido en el mercado reportando ganancias es una muestra de los grandes retos que tiene el país en materia de productividad derivados de las condiciones de operación de las empresas, y que pueden corregirse a partir de las acciones de estas. Afirmó que el diálogo entre las empresas y el Estado debe darse, no en términos de la instauración de medidas favorables para la producción en el corto plazo como aranceles o subsidios, sino de la solución a los problemas estructurales, tanto de regulación como de mercado, que permitan mayores condiciones de competitividad para cada sector, así como para la economía en su conjunto.

En cuanto a la relación entre la academia y el sector empresarial, Jesús Botero resaltó la importancia de las universidades en la búsqueda de soluciones de largo plazo para las deficiencias de productividad de los sectores económicos nacionales. Afirmó que, mientras que las empresas se ocupan de desarrollar su actividad productiva cotidianamente, pueden delegar en la academia la labor de mejorar sus condiciones productivas con mirada de largo plazo, bien sea a través de la innovación en sus productos o bien mediante la aplicación de soluciones a sus condiciones operativas.

En conclusión, los retos de la productividad en el país son grandes, y para superarlos se requiere tanto el esfuerzo de las empresas como la implementación de medidas efectivas de política pública y una relación más estrecha entre la academia y el sector productivo, tanto para el cierre de brechas de capital humano como para la investigación, desarrollo e innovación.

La presentación en Medellín del informe sobre productividad del Consejo Privado de Competitividad -CPC- dejó claro que Colombia tiene grandes retos en materia de productividad que han llevado al país a depender de forma significativa de las materias primas en los últimos años. En el mismo evento, llevado a cabo el pasado tres de agosto en la Universidad EAFIT, se presentó la Política Nacional de Desarrollo Productivo, coordinada por el Departamento Nacional de Planeación y que tiene el propósito de corregir fallas de mercado o de gobierno a partir de evidencia, de tal forma que se fortalezcan los sectores económicos de mayor productividad en las regiones donde tengan las mayores ventajas relativas.

Rosario Córdoba, presidenta del Consejo Privado de Competitividad, señaló que, aunque el país tuvo avances importantes en términos económicos en la década de 2000, debido principalmente al aumento en los precios de las materias primas, la productividad de la economía nacional, evaluada como la productividad total de los factores, no avanzó entre 2000 y 2015. Como estrategias de competitividad para mejorar las condiciones productivas de los sectores económicos, sugirió el cierre de brechas de capital humano, el fomento de la investigación, desarrollo e innovación, la adopción de mejores prácticas gerenciales y tecnológicas y la sofisticación e internacionalización de los sectores productivos nacionales. De acuerdo con la experta, una política pública en este sentido debe considerar tres hechos fundamentales: el que la heterogeneidad de la economía nacional genere efectos disímiles de las políticas públicas en distintas regiones del país, el que las empresas más productivas aprovechan mejor los impactos positivos de las políticas públicas que las menos productivas, y la importancia de una postura proactiva de parte de las empresas en la mejora de su productividad.

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Josefina Agudelo afirmó que las condiciones actuales de la economía en Colombia ponen en serias dificultades a los directivos de las empresas, quienes deben tomar decisiones en condiciones de escasez, y en muchas ocasiones abandonan proyectos de inversión que tienen altos componentes tecnológicos y mejoran la productividad en el largo plazo para subsanar las condiciones económicas difíciles a las que se enfrentan en la coyuntura. La empresaria consideró, además, que los cambios frecuentes en la normativa aplicable a las empresas, no sólo en temas tributarios sino también en temas laborales y ambientales, entre otros, generan altos costos de transacción que reducen las capacidades competitivas de las empresas, redundando en una menor productividad.

Para Juan Sebastián Robledo, la política de desarrollo productivo es muy importante para la solución de las fallas de mercado que incentivan a las empresas a retirar sus esfuerzos de inversión en nuevos proyectos productivos. En cuanto a los cambios normativos, el funcionario se refirió a dos medidas que actualmente están en trámite en el gobierno nacional: un protocolo para que los decretos con sanción presidencial deban tener una evaluación sobre sus costos y sus beneficios económicos, de tal forma que sólo se aprueben los que resulten beneficiosos para la economía del país, y una estrategia que permita consolidar las normas y agilizar los trámites realizados por las empresas, de manera que se reduzcan los costos de transacción.

Retomando los elementos presentados por Josefina Agudelo, Rosario Córdoba consideró que el hecho de que muchas empresas del país hayan reducido sus costos en montos muy altos, y aun así hayan permanecido en el mercado reportando ganancias es una muestra de los grandes retos que tiene el país en materia de productividad derivados de las condiciones de operación de las empresas, y que pueden corregirse a partir de las acciones de estas. Afirmó que el diálogo entre las empresas y el Estado debe darse, no en términos de la instauración de medidas favorables para la producción en el corto plazo como aranceles o subsidios, sino de la solución a los problemas estructurales, tanto de regulación como de mercado, que permitan mayores condiciones de competitividad para cada sector, así como para la economía en su conjunto.

En cuanto a la relación entre la academia y el sector empresarial, Jesús Botero resaltó la importancia de las universidades en la búsqueda de soluciones de largo plazo para las deficiencias de productividad de los sectores económicos nacionales. Afirmó que, mientras que las empresas se ocupan de desarrollar su actividad productiva cotidianamente, pueden delegar en la academia la labor de mejorar sus condiciones productivas con mirada de largo plazo, bien sea a través de la innovación en sus productos o bien mediante la aplicación de soluciones a sus condiciones operativas.

En conclusión, los retos de la productividad en el país son grandes, y para superarlos se requiere tanto el esfuerzo de las empresas como la implementación de medidas efectivas de política pública y una relación más estrecha entre la academia y el sector productivo, tanto para el cierre de brechas de capital humano como para la investigación, desarrollo e innovación.