¿Cómo vamos en seguridad y convivencia en Medellín?
Dentro de la agenda global de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el objetivo 16, alude a “Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles”. De acuerdo con la ONU (2016), dentro de las metas planteadas en este objetivo a 2030 están la reducción considerable de todas las formas de violencia y las tasas de mortalidad conexas en todo el mundo, así como la lucha contra todas las formas de delincuencia organizada.
De acuerdo con la ONU (2010), la seguridad ciudadana es la forma principal de la seguridad humana que garantiza derechos humanos fundamentales y atañe a la libertad, que es la esencia del desarrollo humano. En forma más específica, la seguridad ciudadana concierne a la protección de ciertas opciones u oportunidades de todas las personas –su vida, su integridad, su patrimonio– contra un tipo específico de riesgo (delito) que afecta la vida cotidiana de las víctimas.
Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.
En cuanto a la convivencia, unas relaciones sanas de convivencia tanto en el entorno familiar, vecinal, social son fundamentales para la calidad de vida. El respeto por el otro, el diálogo para la resolución de conflictos son el reflejo del relacionamiento sano de las personas en sociedad. De acuerdo con el marco teórico construido para la Política Pública de Seguridad y Convivencia 2015-2025 de Medellín, la seguridad es concebida como la expresión de la probabilidad de daño a valores adquiridos (lo que más valora la gente, tenga ésta altos ingresos o bajo ingresos), mientras la convivencia es la expresión de la sociabilidad en cuatro aspectos clave: confianza, reciprocidad, tolerancia y legitimidad de las convenciones, normas sociales e instituciones. De acuerdo con la Política Pública, la seguridad y la convivencia son dos problemas centrales del orden social, que no pueden trabajarse aisladamente, pues cada uno implica al otro.
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Dentro de la agenda global de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el objetivo 16, alude a “Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles”. De acuerdo con la ONU (2016), dentro de las metas planteadas en este objetivo a 2030 están la reducción considerable de todas las formas de violencia y las tasas de mortalidad conexas en todo el mundo, así como la lucha contra todas las formas de delincuencia organizada.
Son cuatro las categorías de análisis que usa el programa: indicadores relacionados con la vida, como la tasa de homicidios y a tasa de muerte violentas; Indicadores relacionados con el patrimonio, como denuncias de hurto en vía pública, hurtos de motos y carros, hurto en viviendas, hurtos a establecimientos comerciales y financieros; Indicadores relacionados con la libertad como el secuestro y el desplazamiento forzado intraurbano e Indicadores relacionados con la convivencia, como la tasa de lesiones personales, las denuncias de violencia intrafamiliar y violencia a menores de edad. Así mismo, se integra al análisis lo relacionado con la inversión pública en seguridad y justicia.