En su décimo aniversario, Medellín Cómo Vamos se trazó la meta de avanzar en la comprensión de los fenómenos de alcance metropolitano que afectan la calidad de vida de los ciudadanos en el valle de Aburrá, puntualmente aquellos en los que el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) tiene competencias como autoridad -la planeación del desarrollo, el medio ambiente y la movilidad. Con este fin, el programa y el departamento de Gobierno y Ciencias Políticas de la Universidad EAFIT[1], quien ya tenía un trabajo adelantado en el marco de BIO2030, hemos comenzado un trabajo conjunto que incluye la realización de tres mesas de trabajo temáticas, una por cada tema. En la mesa sobre gestión ambiental metropolitana, realizada el pasado 17 de noviembre, la principal conclusión fue que el fortalecimiento de la corresponsabilidad entre autoridades ambientales, empresas y demás actores es la principal deuda del Valle de Aburrá con el medio ambiente.


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Memorias de la mesa de trabajo realizada por Medellín Cómo Vamos en asocio con...

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Hemos sido buenos planeando el territorio metropolitano, pero no tanto gestionándolo: Mesa de trabajo sobre planeación metropolitana.


La mesa de trabajo contó con un panel de expertos en materia ambiental que respondieron a una serie de preguntas asociadas a las capacidades de la autoridad ambiental urbana en el valle de Aburrá, la gestión del agua, el aire y los residuos sólidos en la región. En el panel principal participaron la subdirectora ambiental del Area Metropolitana del Valle de Aburrá -AMVA-, María del Pilar Restrepo; el Director de Corantioquia, Alejandro González; la directora de planeación de agua y saneamiento de EPM, Marta Lucía Londoño; el director del SIATA, Carlos David Hoyos y el ingeniero agrónomo y experto en gestión ambiental Ángel Gabriel Arrubla. Adicionalmente, el biólogo Germán Camargo, quien lideró el diseño del componente ambiental del plan rector BIO2030, participó en el evento a través de un video con los comentarios iniciales para la mesa.

Capacidades del AMVA como autoridad ambiental

La primera pregunta del panel indagó por las capacidades del AMVA como autoridad ambiental. Se les preguntó a los miembros del panel cómo evalúan la entidad y cuáles son los retos, desde su perspectiva, para la conformación de una autoridad ambiental fuerte. Esta pregunta fue introducida por el video del biólogo Germán Camargo.

Para Camargo, una autoridad ambiental debe combinar sus funciones de planificación y control. Partiendo de una planificación adecuada, las autoridades ambientales controlan y sancionan orientándose al cumplimiento de las metas trazadas. En el caso del AMVA, no necesariamente ocurre de esta manera. Para el experto, la planificación ambiental desarrollada por la entidad tiene un bajo nivel de aplicación, principalmente porque las administraciones municipales no incluyen dentro de sus Planes de Ordenamiento Territorial los lineamientos propuestos por el AMVA.

Según el experto, el desarrollo de una autoridad ambiental exitosa tiene tres etapas: una de comando y control; una segunda etapa, proactiva, de generación de acuerdos entre la autoridad y los diferentes actores para prevenir el daño ambiental y de fortalecimiento a la participación ciudadana a partir de observatorios; y una tercera etapa de consolidación de la gobernanza ambiental, en la que todos los actores trabajan conjuntamente en la construcción y puesta en marcha de una agenda ambiental para la verificación de los acuerdos logrados. El experto consideró que el AMVA todavía se encuentra en el período inicial de comando y control. Sin embargo, resaltó que la entidad tiene las capacidades administrativas y de medición para evolucionar hasta la segunda y tercera etapa, y la motivó para avanzar en esa dirección.

Ángel Arrubla presentó una reflexión sobre las capacidades legales del AMVA como autoridad ambiental desde una perspectiva histórica. Resaltó el hecho de que, aunque según la ley 99 de 1993 los municipios o áreas metropolitanas con una población mayor a un millón de habitantes en Colombia pueden ejercer funciones de autoridad ambiental urbana, las únicas Áreas Metropolitanas formalmente constituidas del país que ejercen esta función son el AMVA y el Área Metropolitana de Bucaramanga, mientras que en las demás ciudades del país, quien cumple el papel de autoridad es, o bien el municipio, o bien la corporación autónoma regional correspondiente. Esta distribución de funciones, aunque unifica competencias que de otro modo corresponderían por separado al Municipio de Medellín y a Corantioquia, presenta dificultades, especialmente en cuanto a la gestión de los recursos del Área Metropolitana, que debe cumplir funciones de planificación integral, de autoridad ambiental y autoridad de transporte, cuando la mayoría de recursos que recibe como ingresos corrientes tienen una destinación específica ambiental.

Alejandro González profundizó en la referencia al marco normativo vigente sobre la autoridad ambiental. Explicó que el Ministerio de Ambiente ha tenido una doble condición de rector de la política y ejecutor de la misma, que usualmente privilegia la planeación por encima de la implementación. Adicionalmente, existe un Sistema Nacional Ambiental (SINA), en el que están presentes las autoridades ambientales regionales y locales. El esquema se ha ido volviendo más complejo desde la promulgación de la Ley 99 de 1993, con la conformación de al menos cinco tipos de autoridades ambientales en el país, con la intención de equilibrar la centralización de competencias en el Ministerio de Medio Ambiente, con la existencia de particularidades territoriales que ameritan normas específicas. Además de la multiplicidad de actores, algunas de las autoridades ambientales del país no cumplen únicamente con funciones ambientales, como es el caso del AMVA en relación con Corantioquia, quien sí tiene funciones ambientales exclusivamente. De la multiplicidad de actores y funciones en el sistema nacional ambiental se desprende que, aunque la ley es clara en la delimitación de las funciones de las autoridades ambientales, muchas veces les son entregadas funciones que no les corresponden en el ámbito local, como los sistemas de prevención y atención de desastres o las políticas de educación ambiental.

En ese sentido, González planteó la necesidad de evaluar de forma permanente los recursos financieros y la capacidad instalada de las entidades que cumplen la función de autoridad ambiental de cara al ejercicio de las funciones que les entrega la Ley 99 de 1993 y la normativa posterior. Resaltó que actualmente el 98% de los recursos de sobretasa ambiental son entregados al AMVA como autoridad urbana, y el 2% a Corantioquia, de acuerdo con el catastro urbano y rural del Valle de Aburrá, respectivamente. Para González, esta distribución en los recursos hace que los municipios que están por fuera del valle de Aburrá subsidien el ejercicio de la autoridad ambiental en Medellín, en la medida en que, si bien Corantioquia no es la autoridad ambiental urbana, los recursos que recibe de este municipio no son suficientes para ejercer dicha autoridad en el territorio rural. A su juicio, la solución a esta problemática no es la reducción de los recursos al AMVA, sino el aumento de los que se destinan a Corantioquia.

Para María del Pilar Restrepo, la situación ambiental del Valle de Aburrá es problemática y llama a la corresponsabilidad con una visión prospectiva común entre los distintos actores ambientales de la región. Como un ejemplo del ejercicio de la corresponsabilidad, Restrepo mencionó los esfuerzos realizados por el AMVA con el Pacto por la Calidad del Aire y el Plan de Descontaminación del Aire en 2007 y 2011, respectivamente. A pesar de estos esfuerzos, la falta de una visión de prospectiva que continúe después de terminado un período de la administración municipal es uno de los problemas identificados por la Subdirectora. En ese sentido, mencionó que, aunque existen las Directrices Metropolitanas de Ordenamiento Territorial que promueven la sostenibilidad ambiental, los Planes de Ordenamiento Territorial no siempre las acogen, y hace falta un marco legal sólido que les permita a los municipios acogerlas.

En cuanto a la división entre la autoridad urbana y la rural, Restrepo recalcó la importancia de establecer un modelo de gobernanza por cuencas. Lo urbano y lo rural conforman un conjunto en el ámbito metropolitano, y actualmente las relaciones entre las autoridades son lo suficientemente buenas como para realizar un trabajo mancomunado. Sin embargo, Restrepo considera que esa cooperación no debe depender de la coyuntura política, sino que debe basarse en instituciones fuertes, por lo que es necesario formalizar y fortalecer los mecanismos para la coordinación.

La subdirectora recalcó la importancia de la articulación de las autoridades ambientales urbanas con los demás actores del Sistema Nacional Ambiental y el fortalecimiento en las capacidades de gestión de las autoridades ambientales del país. A su juicio, tanto las autoridades ambientales urbanas como las rurales tienen unos muy bajos niveles de ingresos con relación a las competencias que se les asignan, lo que redunda en una menor planta de personal y, en consecuencia, menores capacidades para la gestión.

Para Carlos David Hoyos, uno de los aspectos más difíciles en el ejercicio de la autoridad ambiental es el monitoreo y la gestión de la información. Resaltó que si bien el AMVA es la autoridad ambiental del país con mejor monitoreo, todavía a la región le hace falta tener un mayor conocimiento de sus fenómenos ambientales. Puntualmente, mencionó los retos en cuanto a la evaluación de la coloración del río Aburrá-Medellín y al monitoreo de los efectos de las emisiones de una empresa en particular sobre la calidad del aire.  En ese mismo sentido, la diferencia entre autoridad urbana y rural cobra una gran importancia, porque, aunque se ha avanzado en el monitoreo ambiental en zonas rurales del valle de Aburrá por parte del SIATA, a partir de la noción de cuenca hidrológica y atmosférica, la situación actual hace vulnerable la institucionalidad a los cambios políticos. Por ejemplo, el SIATA, que sirve de herramienta para la evaluación ambiental en todo el Valle de Aburrá, no existe como persona jurídica sino como proyecto adscrito al AMVA, por lo que es susceptible de ser modificado o eliminado, aunque tiene la ventaja de que es menos susceptible de ser politizado y, por tanto, mantiene un perfil altamente técnico.

Agua

El primer tema específico que se abordó en la mesa de trabajo sobre gestión ambiental metropolitana fue el ejercicio de la autoridad ambiental en relación al recurso hídrico. En este caso, la ronda de preguntas inició con la proyección de un video realizado por Medellín Cómo Vamos en el cual el experto Ángel Arrubla presenta evidencias sobre descargas directas de aguas contaminadas al río Aburrá-Medellín en jurisdicción del municipio de Caldas.

A pesar de que el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del río Aburrá (POMCA) identifica retos de calidad del agua, y de que se aprobó el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) presentado por Empresas Públicas de Medellín en 2006, los objetivos de calidad del río y el cronograma de ejecución del PSMV no se han cumplido, y los informes de gestión del AMVA evidencian que la situación más crítica se presentó entre 2012 y 2015. En esta sección de la mesa de trabajo se les preguntó a los panelistas por las causas de incumplimiento del PSMV y las metas de calidad del río Aburrá-Medellín.

María del Pilar Restrepo mencionó los principales instrumentos de planificación relacionados con el recurso hídrico en el Valle de Aburrá. Aseguró que mientras que el POMCA se ha cumplido de manera parcial, los planes de ordenamiento para las quebradas no se han cumplido en términos generales. Afirma que, para la protección del recurso hídrico, es necesario intervenir las quebradas con medidas integrales, es decir, no solamente realizar obras de saneamiento sino también proteger los nacimientos y recoger las aguas en las zonas rurales, en asocio con Corantioquia y Cornare, que conforman junto con el AMVA la comisión conjunta del POMCA. La subdirectora resaltó el fortalecimiento de la cultura ciudadana para el cuidado de las quebradas, y la articulación de los diferentes actores, como factores relevantes para la sostenibilidad ambiental de las cuencas.

Por su parte, Marta Lucía Londoño comenzó su intervención por afirmar que Empresas Públicas de Medellín (EPM) no es el único actor en el saneamiento del agua del río Aburrá-Medellín, puesto que existen otros prestadores del servicio de alcantarillado, tanto en el sector formal como en el informal. Sobre el nivel de ejecución del PSMV, mencionó que la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de San Fernando constituye un referente a nivel internacional en cuanto al tratamiento secundario de aguas residuales, pero que las condiciones del agua para las cuales se construyó dicha planta no son las mismas del agua que llega a la planta actualmente, debido a la presencia de vertimientos industriales con condiciones inadecuadas.

Sobre las dificultades que se han presentado con la PTAR San Fernando, Londoño hizo referencia a que EPM como prestador no tiene capacidad de control ambiental, por lo que no puede tomar medidas sobre las industrias que realizan vertimientos en condiciones inadecuadas al alcantarillado que resienten el funcionamiento correcto de la PTAR. Sin embargo, resaltó que la entidad ha venido haciendo monitoreos sobre la calidad del agua afluente y que se adelanta la modernización y ampliación de la PTAR, con miras a finalizar en 2018. A propósito de las metas de calidad del agua del río Aburrá-Medellín, Londoño explicó que, si bien algunas de las metas de calidad del río no se han cumplido, los vertimientos que la entidad realiza al río Medellín-Aburrá cumplen con el criterio de carga contaminante establecido por la autoridad ambiental. Finalmente, Londoño se refirió a los retrasos en la ejecución del PSMV, afirmando que se debieron a problemas contractuales y logísticos con las empresas encargadas de ejecutar las obras. En cuanto al interceptor Sur, la ingeniera anunció un acuerdo entre el AMVA y EPM para la financiación de la obra, en donde el AMVA participa con $20.000 millones y EPM con los $47.000 millones restantes.

Después de presentar los avances de su gestión en relación con la protección de ecosistemas de los cuales depende ecológicamente el Valle de Aburrá, Alejandro González hizo hincapié en el problema de los vertimientos al río Aburrá-Medellín. Afirmó que algunas empresas del Valle de Aburrá, aunque conocen la norma relativa a los vertimientos, no la obedecen sino cuando la autoridad ambiental los sanciona, y buscan evitar las mediciones de las autoridades. Puntualmente, mencionó que una serie de industrias que realizaban anteriormente sus vertimientos en Medellín se han desplazado hacia Caldas y La Estrella, y están incumpliendo la norma ambiental por considerar que la normativa ambiental es más laxa en áreas rurales. En esa misma dirección, invitó a una reflexión sobre la urbanización industrial al sur del Valle de Aburrá y sus efectos sobre el modelo de ocupación metropolitano y, principalmente, sobre la sostenibilidad regional.

Ángel Arrubla comenzó por hacer un llamado a que el AMVA y Corantioquia como autoridades ambientales exploren la posibilidad de una integración de muchas de sus competencias, bajo un modelo de delegación, para la gestión integral de la cuenca del río Aburrá-Medellín por parte del AMVA. Posteriormente, se refirió a la distribución de los ingresos de la entidad en contraste con la destinación. Según su exposición, el 65% de los ingresos del AMVA son de destinación específica ambiental y están regulados legalmente; sin embargo, en el Plan Cuatrienal de gestión del AMVA 2016-2019, el componente de “calidad ambiental y desarrollo sostenible” tiene el 21%, mientras que el componente de “movilidad sostenible, segura y amable” abarca el 50% de los recursos de inversión de la entidad, principalmente destinados a infraestructura vial. En ese sentido, Arrubla presentó una alerta sobre la correcta destinación de los recursos.


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Presentación del experto Ángel Gabriel Arrubla en la Mesa de trabajo sobre Gestión...

Finalmente, Arrubla se refirió a la calidad de las quebradas afluentes al río Aburrá-Medellín. A partir de los datos de contaminación del río (DBO, SST y OD)[2] , que empeoran progresivamente entre Ancón Sur y puente Machado, expresó su preocupación sobre el estado de las quebradas afluentes, en la medida en que son ellas las que determinan la calidad del río Aburrá antes de las descargas que se realizan al norte del área metropolitana. En conclusión, para Arrubla el problema del saneamiento de las quebradas es tan importante como la recolección y tratamiento de vertimientos en la cuenca del río Aburrá y si no se emprende un plan integral para todas ellas, no se podrá lograr el saneamiento del río.

A estos comentarios, Marta Lucía Londoño respondió confirmando la preocupación por las quebradas desde EPM, y reseñando los avances de la entidad en el Plan de Saneamiento. Adicionalmente, resaltó que hay muchos actores que están desconectados de la red de alcantarillado que vierten directamente a la cuenca del río Aburrá-Medellín, y que el prestador del servicio de alcantarillado no puede conectarlos por ser ocupantes informales.

Aire

El segundo tema específico abordado en la mesa fue el de la contaminación del aire. Aunque las políticas de reducción de la contaminación del aire en el Valle de Aburrá han incluido fuentes fijas y móviles y han tenido efectos en la reducción del nivel de contaminación aérea, especialmente entre 2008 y 2011, los niveles de contaminación del aire entre 2012 y 2015 en el Valle de Aburrá no han disminuido, y algunas estaciones incluso han mostrado aumentos en los niveles de contaminación.

Se preguntó a los expertos si consideran que la intervención en este aspecto ha sido insuficiente en los últimos años, y cuáles instrumentos o intervenciones deben tenerse en cuenta para reducir efectivamente los niveles de contaminación del aire en el Valle de Aburrá, especialmente en relación con las fuentes móviles que determinan la mayor parte de la contaminación del aire metropolitano.

María del Pilar Restrepo se refirió al incremento acelerado en el parque automotor como determinante de la contaminación del aire del valle de Aburrá, a pesar de los esfuerzos realizados en el Pacto por la Calidad del Aire y el Plan de Descontaminación del Aire. Hizo referencia a un aumento en los últimos diez años del 67% en el número de automóviles circulantes en el Valle de Aburrá, del 280% en motos, del 54% en taxis, 54% en buses diferentes a los del transporte público colectivo y en camiones del 50%. Adicionalmente, en el valle de Aburrá la calidad de los combustibles no es coherente con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y esto hace que los índices de calidad del aire no sean óptimos.

La subdirectora expresó la necesidad de promover programas que aboguen por la chatarrización y el recambio tecnológico de vehículos de pasajeros y carga en asocio con las autoridades del orden nacional. Afirmó que, en asocio con los alcaldes de los municipios que hacen parte del AMVA, se está trabajando para generar acuerdos con Ecopetrol que permitan la revisión de la calidad de los combustibles que se distribuyen en el valle de Aburrá. La subdirectora también se mostró preocupada con respecto a los Centros de Diagnóstico Automotriz (CDA). Afirmó que algunos de estos centros que operan en el valle de Aburrá entregan certificados sin verificar el cumplimiento de las normas, y que hace falta incentivar la corresponsabilidad, tanto de los CDA para no incurrir en conductas irregulares, como de los ciudadanos para no prestarse a este tipo de trámites.

Por otro lado, resaltó la importancia de consolidar el sistema integrado de transporte público del Valle de Aburrá para desincentivar el uso del vehículo particular y de planes de movilidad empresarial, que están reglamentados por la resolución 2381 de 2015 como obligatorios para empresas de más de 200 empleados y establecen estrategias como horarios flexibles, teletrabajo o “comparte tu carro” con fines ambientales. La subdirectora enfatizó en que los problemas de calidad del aire no se solucionan únicamente de parte de la autoridad, sino que es necesario que exista una gestión ambiental desde la corresponsabilidad. Para ello, la entidad busca repotenciar el Plan de Descontaminación del Aire y el Pacto por la Calidad del Aire, así como promover, desde la formulación del Plan Estratégico Metropolitano de Ordenamiento Territorial (PEMOT), que los municipios implementen efectivamente las directrices emitidas por el Área Metropolitana.

Carlos David Hoyos se refirió a la importancia de generar conciencia entre los ciudadanos de los daños que ocasiona la mala calidad del aire sobre la salud. Mencionó que, aunque existe información abundante sobre calidad del aire, no existen estudios actualizados sobre la relación entre calidad del aire y salud para el caso específico del Valle de Aburrá, lo que impide una concientización mayor por parte de los ciudadanos. Este problema es mayor si se considera que solamente Medellín tiene información suficiente sobre morbilidad y mortalidad que permita realizar este tipo de estudios, mientras que la información de los demás municipios es precaria.

Hoyos resaltó como experiencia significativa la creación del Consejo Metropolitano de Gestión de Riesgos, en donde todos los actores atienden a la misma información emitida por el SIATA. Este consejo es similar a lo que se intenta hacer con el protocolo de contingencia por calidad del aire, porque se refuerza el papel de la información técnica y se aísla de la discusión política. Es muy positivo, desde su perspectiva, que el AMVA haya reconocido que existe un problema crónico y uno agudo, y que ambos merecen atención. En su criterio, el protocolo fortalece la integración de los municipios para la gestión ambiental en materia de calidad del aire en cuanto a los problemas agudos, lo que llevará a fortalecer acciones integradas en el Plan de Descontaminación del Aire, que ataca problemas crónicos.

Por su parte, Ángel Arrubla recomendó no desestimar las investigaciones realizadas por Elkin Martínez sobre la morbilidad asociada a la contaminación ambiental, en los cuales se dedujo que en Medellín tienen lugar cinco muertes diarias por enfermedades relacionadas con la calidad del aire. En segundo lugar, recomendó al AMVA a hacer seguimiento a la resolución 541 del Ministerio de Medio Ambiente, que obliga al cubrimiento de los edificios en construcción y reparación con telas tipo sarán.


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 Residuos

El último tema abordado en la mesa de trabajo fue el de la gestión integral de residuos. Las Directrices Metropolitanas de Ordenamiento Territorial le dan preponderancia al Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos -PGIRLS– de la región metropolitana. En los informes de gestión entre 2004 y 2015 se evidencia que la entidad ha trabajado en el fortalecimiento de diferentes actores de la cadena de generación y gestión de residuos sólidos, específicamente de los generadores y los recicladores de oficio. Sin embargo, no se encuentra evidencia de que exista un trabajo puntual con las empresas encargadas del servicio público de aseo, en especial en su articulación con las organizaciones de recicladores informales, a pesar de que está dentro de los criterios del PGIRS regional. Además de sus explicaciones sobre las causas del fenómeno, a los panelistas se les pidió que expresaran sus ideas sobre cómo promover la coordinación entre los diferentes actores para el establecimiento de rutas específicas de recolección de residuos orgánicos, reciclables y peligrosos, que incentiven la eficiencia en la gestión adecuada de residuos sólidos y mejoren la información para los usuarios.

Adicionalmente, las DMOT establecen, dentro de los hechos metropolitanos, los sistemas asociados a la implementación de los PGIRS. En cuanto a infraestructura, los mayores avances entre 2004 y 2015 han consistido en centros de acopio para material de reciclaje en Bello y Medellín especialmente, pero no se ha adelantado significativamente en equipamientos adicionales, como por ejemplo el sistema de trenes para el transporte multimodal de residuos sólidos o parques industriales de transformación de residuos que son iniciativas mencionadas en las Directrices Metropolitanas de Ordenamiento Territorial. La segunda pregunta sobre residuos sólidos indagó sobre las causas de este fenómeno.


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María del Pilar Restrepo se refirió a la normativa relacionada con la gestión de residuos sólidos, identificando que la autoridad ambiental urbana sólo tiene la competencia para definir áreas dentro de los municipios que sean aptas para la disposición final de residuos, para que posteriormente los municipios definan las áreas destinadas a este fin. Mencionó que muy pocos municipios del valle de Aburrá han implementado esta directriz dentro de sus Planes de Ordenamiento Territorial, y que esa es una falencia que la entidad está tratando de corregir. Sobre los programas de promoción de la separación de residuos en la fuente, Restrepo resaltó la importancia de que las personas que separan en la fuente no se encuentren con que el prestador del servicio de aseo mezcla los residuos, impidiendo su aprovechamiento, sino que exista una coordinación entre los recicladores y la entidad prestadora.

Por su parte, Alejandro González enfatizó en que la relación del Valle de Aburrá con las demás subregiones de Antioquia es problemática en cuanto a la producción y disposición de residuos. Mencionó que el 85% de los residuos generados en el departamento se disponen en jurisdicción de Corantioquia, en 43 rellenos sanitarios, la mayoría de ellos próximos a finalizar su vida útil, y con una carga considerablemente mayor sobre los rellenos de Pradera, propiedad de Empresas Varias de Medellín y El Guacal, propiedad de Enviaseo. Así, el problema de la gestión de residuos en el Departamento de Antioquia está concentrado en el valle de Aburrá y determinado por un modelo consistente en la recolección y la disposición directa en rellenos sanitarios, que usualmente son ubicados en zonas alejadas. Este modelo no es sostenible, y mientras continúe, no podrá solucionarse el problema de los residuos en el área metropolitana. Un segundo problema es que lo poco que se aprovecha no se debe a la cultura ciudadana, sino al trabajo que subsidian los recicladores informales en gran medida. González afirmó que la compra de Empresas Varias de Medellín por parte de EPM es una oportunidad para invertir los recursos necesarios para avanzar en la modificación del modelo de gestión de residuos.

Otro punto sobre el cual González reflexionó fue que, aunque la norma consigna la obligatoriedad, para los municipios de determinar sitios de disposición para contingencias, los municipios del valle de Aburrá no cuentan con estos sitios. Finalmente, se refirió a la gestión de los rellenos sanitarios. Los grandes rellenos sanitarios, como Pradera o El Guacal, son más difíciles de manejar que los pequeños por parte del prestador, y de controlar por parte de la autoridad ambiental. Estos dos sitios de disposición se concibieron como parques industriales para la gestión de residuos, no como rellenos sanitarios, y el cambio en el modelo no se realizó principalmente debido a que no existen rutas separadas para la recolección de residuos orgánicos y reciclables.

Marta Lucía Londoño se refirió a que, aunque existe un PGIRLS regional, este es optativo para los municipios dentro de la conformación de su propio PGIRS. En esa medida, EPM como empresa prestadora del servicio de aseo no puede exigir que dicho plan siga los lineamientos del plan regional. En cuanto al aprovechamiento, la ingeniera afirmó que aunque EPM revisó múltiples opciones de negocio, para la empresa es más rentable actualmente enterrar los residuos sólidos que aprovecharlos.

Por su parte, Ángel Arrubla afirmó que en el Valle de Aburrá la falta de rutas diferenciadas para recursos ordinarios, reciclables y peligrosos es un problema estructural para la gestión de residuos. Afirmó que mientras no existan rutas diferenciadas para ordinarios y reciclables, los esfuerzos para incentivar la separación en la fuente no serán eficaces. Sugirió que una parte de los recursos de destinación específica ambiental podría destinarse a corregir los problemas de rentabilidad que desincentivan al prestador del servicio a realizar rutas separadas.

Sugirió que una parte de los recursos de destinación específica ambiental podría destinarse a corregir los problemas de rentabilidad que desincentivan al prestador del servicio a realizar rutas separadas.

[1] El Departamento de Gobierno y Ciencias Políticas incluye el pregrado en Ciencias Políticas, la maestría en Gobierno y Políticas Públicas, y las especializaciones en Estudios Políticos y Gestión Pública Municipal (Modalidad virtual), así como del Centro de Análisis Político que es la Unidad de Consultoría.

[2] Demanda Bioquímica de Oxígeno, Sólidos Suspendidos Totales y Oxígeno Disuelto.