Durante el confinamiento y las medidas de bioseguridad pensábamos que inseguridad era que un ser querido se viera afectado o uno mismo enfermo, a tal punto de cuidarnos de tocar cosas, acercarnos a extraños o de los espacios cerrados. La seguridad vino en ese momento de los liderazgos tranquilos y de los médicos y científicos que nos daban algunas certezas en medio del ruido del espectáculo político.

Hoy, cuando volvemos a las calles, Medellín enfrenta la realidad de un deterioro de la percepción de seguridad ciudadana, proveniente del mayor impacto de delitos como el hurto a personas, que pasó de 17.776 casos denunciados en 2020 a 22.900 en 2021, así mismo el hurto a celulares que tuvo un incremento del 6% alcanzando 12.145 casos denunciados en 2021.

Esta situación se ve reflejada en la peor percepción de seguridad que muestran encuestas como Pulso Social del DANE: en marzo de 2022 el 37% de los habitantes del Valle de Aburrá se sentían inseguros o muy inseguros caminando solos de noche, cuando en febrero de 2021 estaba en 24%. La Alcaldía de Medellín, en su encuesta de victimización, muestra cómo desde 2019, el 15% de los ciudadanos expresaron que ellos o algún conocido habían sido víctimas, 18,2% en 2020 y 22,4% en 2021.

El regreso a las actividades no puede normalizar los incrementos de la delincuencia, por lo contrario, los organismos de seguridad y justicia y, en particular la administración de Medellín, deben concentrarse en atender los problemas que les importan a los ciudadanos. Porque si no hay coordinación con la justicia para perseguir las rentas criminales, trabajo social para evitar la reincidencia y esfuerzos para sostener la operatividad, las organizaciones criminales no nos van a dejar estar ni sentirnos seguros.