11 Feb 2020
En semanas recientes ha llamado la atención que ante la acción policial para la captura de peligrosos delincuentes en algunas comunas de Medellín, parte de la comunidad ha salido en defensa de los antisociales impidiendo la acción del Estado. Aunque a muchos les sorprenda dicha situación, en realidad lo que reflejan estas acciones es que aún la legitimidad del Estado no está completamente ganada para el total de la ciudadanía en Medellín.
Varias décadas de acción y presencia delincuencial, en especial en algunas comunas de la ciudad, sumado a una baja presencia del Estado, condujeron a que los grupos armados al margen de la ley se configuraran en los únicos referentes de autoridad. La acción del Estado en los últimos años ha incluido una apuesta del gobierno local por una fuerte inversión social, teniendo su máxima expresión en el llamado urbanismo social, además de una mayor presencia real y efectiva del Estado que conjuntamente han propiciado una mayor confianza de la comunidad en sus autoridades, validando la acción estatal y propendiendo conjuntamente por una mayor seguridad.
Sin embargo, aún quedan espacios donde la acción del Estado debe ser legitimada, como lo demuestran las actuaciones de la ciudadanía en algunos barrios de la ciudad, donde los grupos ilegales aún son los referentes del poder y la autoridad. Estos hechos más que pasar como simple anécdota se deben convertir en insumos para la configuración de las nuevas políticas de seguridad y convivencia en la ciudad; sin duda, la puesta en marcha del renovado Plan Cuadrantes por parte de la Policía Nacional busca, entre otros, incrementar la legitimidad de esta institución ante la comunidad.
En Medellín serán 1.200 policías que prestarán su servicio en 186 cuadrantes en los que se ha dividido la ciudad, un promedio de casi siete policías por cuadrante, que estarán encargados de evaluar el territorio asignado, priorizar las necesidades específicas, formular estrategias y poner en marcha planes de trabajo con miras a mejorar la seguridad. El plan cuadrantes tiene como supuesto básico la cooperación y la corresponsabilidad de la comunidad con la Policía y las autoridades. La confianza de la comunidad es fundamental para denunciar los delitos de los cuales son víctimas y a los delincuentes que los perpetran. Dicha confianza, sin embargo, depende en gran medida de una acción transparente y eficiente de las entidades que representan al Estado, incluyendo todo el andamiaje de la justicia.
En Medellín una de las grandes amenazas para que siga creciendo la confianza en la institucionalidad es el fenómeno del desplazamiento intraurbano, más de 3.000 personas en los primeros cinco meses del año han sido desplazadas dentro de la ciudad, de acuerdo a la Personería de Medellín, revelando el gran poder de intimidación de la delincuencia en la ciudad y la falta de una respuesta rápida y eficaz por parte de las autoridades en esos casos particulares. Finalmente, el terreno ganado en los últimos años en la ciudad en materia de seguridad, sumado al reconocimiento de que aún persisten problemas serios, como los mencionados aquí, debe llevar a seguir fortaleciendo la institucionalidad con la acción decidida de todas las autoridades, tanto de carácter nacional, como regional y local. Y siempre de cara a la comunidad para hacerla partícipe de las políticas, generando cada vez mayor confianza en el accionar del Estado en la defensa del derecho a la seguridad ciudadana.
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