El año 2014 constituyó para Medellín un record en la inversión pública municipal en seguridad y justicia con un 5,1% de los recursos de inversión pública total ($242 mil millones de $4,8 billones) destinados a seguridad y con $100.694 de inversión per cápita. Estos datos le permitieron a Medellín seguir ocupando el primer lugar en la destinación de recursos para este fin entre las principales ciudades del país, como lo ha hecho desde el 2008[1], específicamente para 2014, invirtiendo 2,5 veces más que Bogotá, 2,6 veces más que Barranquilla, y 4,2 veces más que Cali, en términos porcentuales.
En relación con el año inmediatamente anterior, se evidenció un incremento relevante, gracias a los recursos asignados para tal fin del Fondo de Inversión derivado de los recursos de la la fusión UNE-Millicom. Se pasó de una inversión del 4,2% al 5,1% entre 2013 y 2014, y en términos per cápita se pasó de $64.811 a $100.694 entre ambos años.
En términos de política pública, uno de los esfuerzos más interesantes realizados por la actual administración ha sido el de la construcción de la Política Pública de Seguridad y Convivencia. Esta política tiene un horizonte de largo plazo (2015-2025) y se sustenta en dos estrategias: la de seguridad integral por la vida y equidad y la estrategia de gestión del conocimiento para la seguridad. Los actores involucrados son el sector público, sector privado, la academia y los organismos internacionales. El marco teórico sobre el cual se basa la política son los trabajos realizados por la universidad Eafit y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito -UNODC.
De los primeros resultados socializados de esta construcción vale destacar algunos hallazgos de Eafit y UNODC. Esta última entidad, ha puesto el énfasis de la investigación en torno a los patrones delictivos, más allá de las evoluciones puntuales año tras año. Estos es, más allá de que un delito suba o baje, cuando se identifican patrones, como es el caso de muchos delitos en Medellín, implica que no lo maneja la institucionalidad o la sociedad en su conjunto, sino que alguien más o un factor que no se ha alterado históricamente, es el que gobierna esa situación. Con lo cual la política debe enfocarse en ganarle gobierno a la situación para romper los patrones.
El trabajo de UNODC busca, precisamente, ofrecer estrategias que sean usadas para romper los patrones delictivos arrojados por el diagnóstico realizado, en este caso particular en el marco de la definición de la política pública. Por ejemplo, en lo que respecta a violencia intrafamiliar se observa un patrón, pues se siguen violando a niños y niñas de manera indistinta y sigue siendo un familiar cercano, principalmente del hogar, y aunque desde hace más de veinte años se realizan campañas, capturas y otros, no se rompe el patrón. Las mujeres después de los nueve años de edad van a ser víctimas, principalmente en sus casas, y allí tampoco se rompe el patrón.
Aunque se reconoció por parte de la UNODC que Medellín es la ciudad de Colombia que quizás ha hechos más cosas en materia de seguridad, no son suficientes para romper los patrones, con lo cual se requieren nuevos enfoques. Se propone un enfoque de innovación social usado por la Fundación Rockefeller, que consiste en identificar retos y oportunidades, generar ideas desde lo territorial, desarrollar y probar esas ideas, crear prototipos para ser escalados y, finalmente, se debe innovar sistemáticamente.
Por su parte, del trabajo de la Universidad Eafit se destacan hallazgos muy reveladores en cuanto, se reconoce como en el caso de UNODC que la ciudad va por un buen camino, la gente conoce y reconoce las instituciones, pero se identifica un gran reto pues todavía muchos ciudadanos son ambivalentes en cuanto a que tienen una relación oportunista y de intercambio con el Estado, pagando a veces impuestos a regañadientes, pero también selectiva, acudiendo a actores no formales para resolver ciertos problemas. Esto en cuanto, estas personas piensan que el Estado les soluciona tan solo unas cosas y aparecen otros agentes que de forma creativa, y usando generalmente la violencia, proveen soluciones a unos vacíos que aún la población percibe que están en el territorio.
De acuerdo con la Universidad Eafit, la seguridad aún sigue siendo un mercado privado y un mercado abierto para que el actor que puede armar un ejército para controlar una zona lo haga, así sea de calles. Pese a que en Medellín se ha avanzado en control territorial por parte de las autoridades, aún no se puede hablar de un control completo. Para avanzar en este proceso es necesario comprender que la seguridad y la convivencia se juegan en territorios no sólo físicos, sino también en un territorio mental. Pues cuando un sistema social no asegura la seguridad y ésta se privatiza, la gente siente que el Estado no funciona, por ende, la denominada “movilización cognitiva” no va al Estado sino a otros actores, ya sean padrinos que proveen ese bien, o ya sean organizaciones locales, pandillas, combos, bandas, que además se auto perciben como líderes.
Hay zonas de la ciudad donde persisten factores de violencia; siendo ésta selectiva, no dispersa, quiere decir que hay estructuras criminales muy fuertes. En ese orden de ideas, una de las propuestas emanadas del diagnóstico de la Universidad Eafit es la creación de una policía comunitaria, orientada por y para comunidades, al reconocer que a estas estructuras no se les gana combatiéndolas, si no compitiendo con ellas.
En general, se evidencia que la definición de la política pública de seguridad y convivencia está aportando elementos nuevos de análisis y propuestas concretas para avanzar en estos frentes. No obstante, una de las mayores dificultades para su efectiva implementación y sostenibilidad es que su definición está finalizando en la última parte del periodo de la actual administración, con lo cual existe un alto riesgo de que llegue una nueva administración que pueda desconocer lo adelantando hasta el momento, como ha ocurrido en Bogotá en los últimos años. Otro gran riesgo es el no seguimiento y evaluación permanente de la política pública, con sus principales programas. Como se veía anteriormente, en años recientes se vienen invirtiendo cuantiosos recursos en seguridad, en relación con otras importantes ciudades colombianas, pero aún muchos delitos no ceden, por el contrario, han venido aumentando, al igual que la percepción de inseguridad en la ciudad, por lo que se requiere evaluar el impacto de las políticas para ayudar a asignar los recursos de manera más eficiente.
Precisamente, uno de los componentes de la propuesta de innovación social de UNODC, es el de probar las ideas, lo que implica necesariamente evaluar su impacto para poder escalar. Como bien lo afirma esta entidad, estos ejercicios constituyen ensayo y error, pues no hay recetas uniformes que apliquen en todos los casos, lo que refuerza aún más la necesidad de evaluar cada una de las nuevas innovaciones sociales en materia de seguridad y convivencia, que justifiquen los recursos invertidos y que alienten demandas ciudadanas legítimas por mayores recursos que permitan romper patrones, sostener en el tiempo los resultados positivos, haciendo de Medellín una ciudad segura y conviviente.
[1] La serie comparada parte del año 2008, teniendo como fuente el FUT de la Contaduría General de la Nación.
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