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Manifestaciones de la extorsión en Medellín

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01 Feb 2018

El 30 de enero de 2018, en la Universidad de Antioquia, se presentaron los resultados de la investigación: “Extorsión en Medellín, ¿qué es y cuáles son sus principales manifestaciones?”. Un trabajo realizado por la Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín de la mano con el Observatorio de Seguridad Humana de Medellín (OSH).  Los expositores fueron Juan José Moncada Carvajal de la Secretaría de Seguridad y Natalia Maya Llano del Observatorio.

La presentación se concentró en explicar la metodología que se utilizó en la investigación, además de los resultados y las recomendaciones derivadas de ésta.  Las comunas donde se llevó a cabo este trabajo fueron: Santa Cruz (comuna 2), Castilla (comuna 5), Guayabal (comuna 15) y Belén (comuna 16). Son comunas con diferenciadores, es decir, no poseen las mismas características, aunque comparten el hecho de que en ellas se presentan hegemonías o disputas de los grupos criminales y que la principal fuente de financiamiento de estas es la extorsión.

La investigación tuvo un enfoque cualitativo: “los datos cuantitativos no son suficientes para comprender la situación vivida por este fenómeno”, dijo Juan José Moncada en su intervención refiriéndose a las extorsiones que se viven día a día en las comunas de Medellín. Es así como se enfatizaron diferentes abordajes del problema, más allá del económico; para las comunidades es también un problema social y político, ya que los agentes que realizan este tipo de actos delictivos se terminan convirtiendo en instituciones simbólicas para las comunidades.

Según los resultados de la investigación, en las comunas donde se hizo el trabajo de campo, fueron cuatro las modalidades de extorsión más frecuentes.  La más común en todas las comunas fue la de contacto directo,  tocando puertas y amenazando a la comunidad; la rifas ficticias fue otra muy común sobre todo en las comunas de Santa Cruz y Guayabal; los panfletos, otra modalidad frecuente, donde en la mayoría de los casos son firmados por grupos paramilitares como las Águilas Negras y dirigidos, principalmente, a trasportadores y comerciantes de la comuna de Belén; finalmente, las llamadas telefónicas, en muchas ocasiones hechas desde las cárceles, dirigidas a comerciantes y gente del común, dicha modalidad fue muy frecuente en la comuna de Guayabal.

Además de identificar las principales modalidades también se encontró cuáles fueron las respuestas de los ciudadanos frente este fenómeno. Según Moncada, se encontraron cuatro tipos de reacciones a las extorsiones: la solidaridad, que es cuando se les da la colaboración que piden ya que los ciudadanos piensan que se están ganando la vida de alguna manera, por ejemplo, los cobros en parqueaderos públicos. El acomodo es otra modalidad que consiste en acostumbrarse a que le estén pidiendo dinero por cuidar el vecindario de otras bandas de barrios vecinos. También se encontró la residencia que es cuando no pagan las extorsiones y se atienen a las consecuencias derivadas de esta decisión, usualmente son los que terminan denunciando a las autoridades; finalmente, el sometimiento fue la reacción transversal a todas las comunas donde se hizo el trabajo de campo, dicho sometimiento posee un factor miedo que es el que permite que los autores de la extorsión cumplan con su objetivo.

Las respuestas de los ciudadanos a la pregunta ¿por qué no denuncia? fue que no lo hacen por miedo. La ciudadanía dijo no denunciar debido a que no confían en las instituciones gubernamentales, no se encuentran muy satisfechos con la eficacia de las autoridades, además de que en algunos casos dijeron no denunciar por temas relacionados con la corrupción, es decir, se presentan situaciones donde el ciudadano denuncia, pero es el mismo agente de seguridad quien le dice a los extorsionistas quien fue el que los denunció. En ese orden de ideas, ellos concluyen que la fuerza pública tiene alianzas con las bandas criminales y, por tanto, el resultado final es una baja confianza en las instituciones estatales y una baja denuncia.

La presentación contó con algunos testimonios de habitantes de las comunas donde se realizó el trabajo de campo; un testimonio que representa en general lo vivido por estas comunidades es:

Desde lo que en la jerga se ha planteado que es la vacuna, ellos […] lo han vendido de una forma simbólica, hasta bonita, así arrancan con las casitas $ 500, $ 1000, no se cuanto es ahora, porque soy uno de los que no aporta. Pero afecta mucho, porque además es proteger de qué o quién, la gente no se hace esas preguntas […] Hay un sector muy importante de la comuna que no entiende que es un robo, un delito, están tan acostumbrados a ese sistema que hoy lo ven como un impuesto más del Estado (GFH C2) (Carvajal, Tobón, & LLano, 2018)(p; 19).

Es así como los investigadores Moncada y Maya encontraron que la extorsión es un fenómeno que no afecta solo el patrimonio económico de los ciudadanos, sino que además viola derechos humanos como el derecho a la libertad, en lo que están alineados con lo que dice la Corte Suprema de Justicia cuando describe la extorsión como un delito pluriofensivo (que produce múltiples daños), afecta la autonomía personal y restringe la voluntad de la víctima. Sin embargo, para el Estado la principal afectación de la extorsión es al patrimonio económico de la víctima, tomado en cuenta lo que establece el Artículo 244 del Código Penal.

Ahora bien, muchas veces las penas que se otorgan a quienes cometen este tipo de delitos no se terminan pagando. Por ejemplo: otro de los hallazgos de la investigación fue que estas organizaciones envían menores de edad a efectuar los cobros de las extorsiones, las razones detrás de esto es que los menores son fáciles de reemplazar en sus estructuras delictivas, si llegan a ser capturados; además, porque estos jóvenes a la hora de ser capturados dicen no saber nada, que solo están haciendo un mandado para cobrar un dinero, pero que no saben para que es.

Las recomendaciones de la investigación, de manera general, apuntan a que las instituciones atiendan los problemas estructurales que permiten el control territorial, soberanía en disputa y protección violenta, antes que combatir la práctica delictiva de la extorsión. Recomendaron una intervención que permita recuperar el control territorial y garantizar la seguridad integral de los ciudadanos. De acuerdo con los investigadores, esto se logra con la integración de las diferentes dependencias de la Alcaldía sumadas a los organismos de seguridad para realizar intervenciones conjuntas con enfoque territorial y de priorización con las personas; para lo que se tendrían en cuenta primordialmente la oferta de servicios de salud,  empleo, educación y  alimentación; se destaca dentro de la propuesta un enfoque de intervención con policía comunitaria que tenga como principal propósito trabajar de la mano de la comunidad en asuntos como espacios de formación de convite para entre otros mejorar las viviendas y desarrollo de actividades lúdicos recreativas. (Carvajal, Tobón, & LLano, 2018).

Al final de la presentación se abrió un espacio para las preguntas del público, donde se destacó la participación de líderes sociales de las comunidades donde se desarrolló la investigación. En dichas intervenciones se evidenció la solicitud de contar con más policías y mejorar la capacidad de reacción de las autoridades. Asimismo, solicitudes en relación con el aumento de oportunidades de empleo y educación. Estas solicitudes están en sintonía por lo encontrado en la Encuesta de Percepción Ciudadana de Medellín Cómo Vamos, en cuanto las comunidades piden para mejorar la seguridad en sus barrios, primordialmente, una respuesta institucional con más policías, mayor capacidad de respuesta de las autoridades, y en algunas zonas, la construcción de Centros de Atención Inmediata -CAI. También se destaca en los últimos años una mirada más comprensiva e integral de la seguridad por parte de la comunidad, dadas las demandas de mayores oportunidades de acceso a empleo y educación como formas de mejorar la seguridad en sus barrios.

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