En Medellín, la crisis climática y la informalidad urbana aumentan la vulnerabilidad de los hogares frente a las amenazas naturales y plantean importantes desafíos para garantizar un hábitat seguro. Entre 2012 y 2025, 16.092 viviendas resultaron afectadas o destruidas por movimientos en masa. En 2025, 26.121 estaban ubicadas en zonas de riesgo por esta misma condición; el 63% de ellas ubicadas en Villa Hermosa, Popular y Manrique, comunas que registraron una de cada tres emergencias de la ciudad durante ese año.
A este panorama se suman las dificultades para acceder a una vivienda adecuada y asequible. Entre 2014 y 2024, la construcción de vivienda cayó un 47% frente a la década anterior. La reducción fue aún mayor en la Vivienda de Interés Prioritario (VIP), con una caída del 71%, y la Vivienda de Interés Social (VIS) con una disminución del 58%.
Los mejoramientos de vivienda también plantean un desafío de cobertura. Desde 2012, el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín ISVIMED ha beneficiado a 32.927 personas mediante sus intervenciones, una cifra que equivale apenas al 23% del déficit cualitativo actual.
Mientras el panorama en Medellín se complejiza, la oferta habitacional ha tomado fuerza en otros municipios del Valle de Aburrá. Entre 2014 y 2024, allí se construyó más del doble de viviendas que en la capital Antioqueña, con Bello, Sabaneta e Itagüí como los principales impulsores. Esta dinámica plantea la necesidad de comprender cómo se distribuye la oferta habitacional en el territorio y en qué medida responde a las necesidades de los hogares.
Ampliar el acceso a una vivienda digna y asequible, mejorar las condiciones de habitabilidad y ofrecer alternativas seguras a los hogares expuestos al riesgo son desafíos que requieren una respuesta articulada e impostergable. Mientras esto no ocurra, la gestión del riesgo seguirá atrapada en el mismo ciclo: atender desastres en lugar de garantizar el derecho a un hábitat seguro.